Relato sobre la plaza

Tanto el gobierno de Cristina Fernández como el de Néstor Kirchner llevaron a cabo políticas que, quienes nos formamos en idearios progresistas y populares, no podemos considerar menos que fundamentales. No hace falta mencionarlas a todas, van desde la renovación de la Corte Suprema hasta la Asignación Universal por Hijo. No caben dudas de que algunas de las más importantes (por no decir las más importantes) han sido las que conciernen a los Derechos Humanos. Tras las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín y los indultos del menemismo, el kirchnerismo representó un quiebre en la lógica de la impunidad, quiebre, a su vez, que, desde cientos de espacios, amplios sectores de la población reclamábamos. El establecimiento del 24 de marzo como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia realizado en el 2006, se enmarca dentro de ese punto de inflexión que, transfigurando el “Perdón y Olvido” en “Memoria, Justicia y Verdad”, reconfigura el sentido histórico de nuestra sociedad hacia horizontes que parecieron, en un momento, estar vedados para siempre. Por Maximiliano Basilio Cladakis
Si bien hay quienes ven en esta marcación en rojo de la fecha una cosa sin importancia, como algo meramente “simbólico” que no hace al nudo de la cuestión, estos se equivocan. Es cierto que se trata de algo simbólico, pero el error consiste en concebir lo simbólico como sinónimo de superficial. Por el contrario, los símbolos son los que orientan la acción humana, los que dotan de sentido y enmarcan la praxis no sólo de individuos, sino de comunidades enteras. Los pueblos, las naciones y las sociedades se comprenden a sí mismas a partir de un plexo de símbolos que constituyen su identidad. Precisamente, la lucha social no se da únicamente en las dimensiones de la política y de la economía, sino también en lo simbólico. En la consolidación del Estado Nacional Argentino esto se ve muy bien. Tras la victoria sobre Rosas, los triunfadores no se limitaron a la coerción como único instrumento para la articulación de un determinado modelo socio-económico. Por el contrario, la estructuración del Estado Nacional requirió de una avanzada simbólico-cultural. La política educativa de Sarmiento, la oposición “civilización-barbarie” como una verdad ontológica insalvable, la historia escrita por Mitre, la difusión de las ideas liberales, la construcción imaginaria de la llamada línea “Mayo-Caseros”, fueron fundamentales para la legitimación del nuevo orden.

Lo simbólico ordena el mundo, establece tablas de valores, prioriza unas alternativas sobre otras, establece sentidos y significaciones para las acciones. En el caso que nos cita, la marcación roja en el calendario, implica la irrupción de la historia colectiva dentro de la cotidianidad doméstica. Una madre mira el calendario y esa fecha en rojo le hace saber que su hijo no tendrá clases, el empleado y el obrero no deberán ir a trabajar, el empresario deberá posponer una venta para el día siguiente o adelantarla para el anterior, un profesor universitario deberá suspender una clase o un examen. Si la estrategia cultural del neoliberalismo se fundamentada, principalmente, en la exacerbación del individualismo y en la ausencia de una memoria histórica y colectiva, el feriado del 24 de marzo es la penetración del horizonte histórico en los horizontes individuales. Si bien las respuestas a esa penetración pueden ir desde el fastidio al compromiso explícito, pasando también por la “alegría” de poder dormir una hora más, de una forma u otra la memoria es ejercida, la ingenuidad “apolítica” se ve incomodada ante las preguntas y comentarios realizados, o bien durante la fecha, o bien durante los días previos. Un niño le pregunta al padre porque no debe ir al colegio, alguien habla en la radio o en la televisión, las maestras se ven obligadas a referirse al tema, la memoria penetra en las distintas esferas de la sociedad interpelando a cada uno, obligando a pronunciarse de una forma u otra, es decir, quebrantando el silencio.

Que el 24 de marzo aparezca como la marcación roja de un feriado inamovible en el calendario, hace que esa fecha se constituya como un recordatorio constante del Horror indecible, de ese subsuelo abominable sobre el cual se fundan nuestras historias, tanto personales como colectivas. Ese recordatorio es condición necesaria para la apertura de nuevos horizonte que posibiliten la emergencia de un país más justo y democrático. Pues, la apropiación y resignificación de nuestro presente y de nuestro futuro sólo es posible a partir de la apropiación y resignificación de nuestro pasado.

Diario de 25/02/1978

25 de febrero de 1978
La dictadura blanquea 511 presos políticos

Un comunicado oficial del Ministerio del Interior da a conocer una nómina con los nombres de 511 personas –todas ellas de sexo masculino– que se encuentran detenidas y a disposición del Poder Ejecutivo en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica. Los diarios publican los nombres de los detenidos. Pero también recuerdan que el 23 de diciembre de 1977, en el momento en que el gobierno liberaba a otros 389 detenidos, se informó que permanecían presos a disposición del Poder Ejecutivo unas 3.607 personas: 2.432 de ellas estaban identificadas y 1.175 aún por identificar. Los números no cierran, aunque para el gobierno de Videla la lista sea toda una declaración de derechos humanos.

Acta de la junta militar del 25 de marzo de 1976

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veinticinco días del mes de marzo de mil novecientos setenta y seis, siendo las 10:40 horas, yo, el escribano autorizante, a requerimiento de los señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, me constituyo en el Comando General del Ejército, donde se encuentran presentes el Comandante General del Ejército, teniente general don Jorge Rafael Videla, el comandante general de la Armada, almirante don Emilio Eduardo Massera y el comandante general de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier General don Orlando Ramón Agosti, ante mí manifiestan: que visto el estado actual del país, proceden a hacerse cargo del gobierno de la República, jurando por Dios y los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembros de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. En el carácter de miembros de la Junta Militar resuelven: Primero: declaran caducos los mandatos del Presidente de la Nación Argentina y de los Gobernadores y Vicegobernadores de las provincias. Segundo: declarar el cese en sus funciones de los interventores federales en las provincias al presente intervenidas del gobernador del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y del intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires. Tercero: disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y los Consejos Municipales de las provincias u organismos similares. Cuarto: remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los Tribunales Superiores Provinciales. Quinto: remover al Procurador del Tesoro. Sexto: suspender la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal. Séptimo: suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y de profesionales. Octavo: notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país y a los representantes argentinos en el exterior, a los efectos de asegurar la continuidad de las relaciones con los respectivos países. Noveno: designar, una vez efectivizadas las medidas anteriormente señaladas, al ciudadano que ejercerá el cargo de Presidente de la Nación. Décimo: los interventores militares procederán en sus respectivas jurisdicciones en similitud a lo establecido en el ámbito nacional y a las instrucciones impartidas oportunamente por la Junta. Undécimo: incorporar testimonio de la presente al protocolo de la Escribanía Mayor de Gobierno y ordenar al escribano autorizante la expedición de todos los otros testimonios que sean necesarios para su registro, conocimiento y ulterior archivo en la Presidencia de la Nación, Comando General del Ejército, Comando General de la Armada y Comando General de la Fuerza Aérea Argentina. Leída que les fue, se ratificaron en su contenido y la firman por ante mí, de todo lo que doy fe.En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veinticinco días del mes de marzo de mil novecientos setenta y seis, siendo las 10:40 horas, yo, el escribano autorizante, a requerimiento de los señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, me constituyo en el Comando General del Ejército, donde se encuentran presentes el Comandante General del Ejército, teniente general don Jorge Rafael Videla, el comandante general de la Armada, almirante don Emilio Eduardo Massera y el comandante general de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier General don Orlando Ramón Agosti, ante mí manifiestan: que visto el estado actual del país, proceden a hacerse cargo del gobierno de la República, jurando por Dios y los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembros de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. En el carácter de miembros de la Junta Militar resuelven: Primero: declaran caducos los mandatos del Presidente de la Nación Argentina y de los Gobernadores y Vicegobernadores de las provincias. Segundo: declarar el cese en sus funciones de los interventores federales en las provincias al presente intervenidas del gobernador del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y del intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires. Tercero: disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y los Consejos Municipales de las provincias u organismos similares. Cuarto: remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los Tribunales Superiores Provinciales. Quinto: remover al Procurador del Tesoro. Sexto: suspender la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal. Séptimo: suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y de profesionales. Octavo: notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país y a los representantes argentinos en el exterior, a los efectos de asegurar la continuidad de las relaciones con los respectivos países. Noveno: designar, una vez efectivizadas las medidas anteriormente señaladas, al ciudadano que ejercerá el cargo de Presidente de la Nación. Décimo: los interventores militares procederán en sus respectivas jurisdicciones en similitud a lo establecido en el ámbito nacional y a las instrucciones impartidas oportunamente por la Junta. Undécimo: incorporar testimonio de la presente al protocolo de la Escribanía Mayor de Gobierno y ordenar al escribano autorizante la expedición de todos los otros testimonios que sean necesarios para su registro, conocimiento y ulterior archivo en la Presidencia de la Nación, Comando General del Ejército, Comando General de la Armada y Comando General de la Fuerza Aérea Argentina. Leída que les fue, se ratificaron en su contenido y la firman por ante mí, de todo lo que doy fe.